¿Tiene todavía futuro el actual Estado-Nación? (2006)

Traducción a la lengua castellana del prólogo de Don Carlos Hugo al folleto Drets històrics, Constitució i Llibertats, de Carles Feliu de Travy, editado en 2006 por Amics de la Història del Carlisme de Catalunya.

Los derechos y el poder político.

El  Estado no es la fuente jurídica del poder, tan solo es el instrumento ejecutivo de la voluntad popular. Por tanto, la fuente del poder jurídico es el pueblo. Son los españoles, los franceses, los italianos, los que confieren a sus propios gobiernos la facultad de decidir actos de gobierno, de normativizar sus organizaciones, de concretar sus objetivos, etc., y no al revés, el monopolio del Estado.

¿Dónde radica la importancia de esta consideración previa?

El gobierno no puede pretender –ni debería pretender- ser quien concede la libertad o las libertades al pueblo. Precisamente, al contrario: debe reconocer que su función es la de respetar y defender los derechos del pueblo, la libertad que el pueblo tiene por sí mismo, porque está constituido por seres humanos, por personas. Por la misma razón, el gobierno no puede otorgar a los trabajadores o a los empresarios el derecho de constituir sindicatos o federaciones, ya que éstas reciben su derecho a la existencia del hecho de emanar del pueblo al que representan. El gobierno no es competente para conceder a los partidos políticos o a las comunidades históricas territoriales el derecho a la existencia. Estos derechos son anteriores al Estado y es preciso que sean defendidos por los gobiernos igualmente que otras concreciones de derechos humanos y asociaciones creadas para la promoción de la libertad, la justicia y el desarrollo de la persona.

La fragmentación del Estado

El gran problema de la Europa actual es la tendencia del Estado-Nación a su disolución, descoyuntado por dos fuerzas contrarias. Por un lado, cuando más se globalizar el mundo, más se evidencia la necesidad de un sistema de gobierno mundial o, como mínimo, de alcance continental. Por otro lado, la globalización creciente suscita también el interés de poder resolver, más allá de las necesidades prácticas, el problema de la visión cercana, a escala humana, del ámbito concreto de convivencia: qué significa para la personas su comunidad real, su propia historia, el propio futuro. El mundo no es una pasa de seis mil millones de personas: es mundo es una comunidad de naciones, y las naciones actuales son también comunidades de comunidades, algunas de gran tradición jurídica e histórica, como las antiguas naciones, las regiones, provincias o comarcas, ciudades y aldeas; las organizaciones lingüísticas, religiosas, culturales; otras son más recientes, como los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones económicas y sociales.

Los derechos históricos.

Aquí radica uno de los núcleos de la cuestión. La simple mención de los derechos históricos de una comunidad territorial es una blasfemia para todos aquellos que comparten la visión unitarista del Estado, y que la identifican como un derecho del gobierno para regir las masas por su poder, fuente de todo derecho, ya que es él, el Estado, quien otorga a las masas el derecho a existir como cuerpo político. Tal como expresa el amigo Carles Feliu de Travy, esta posición unitarista es análoga a la que sostendría que los españoles, los franceses, o los alemanes, por ejemplo, existen como tales porque el gobierno europeo les otorga el derecho de disfrutar de estas nacionalidades.

¿Significa la autonomía la fragmentación del Estado?

Partidos políticos opuestos, ¿unen o dividen un país?

Sindicatos obreros y federaciones empresariales, ¿unen o dividen un país?

Análogamente, las autonomías históricas, ¿unen o dividen un país?

Todas estas realidades cohesionan un país, sencillamente, porque ayudan a resolver conflictos normales en una sociedad, mediante  el recurso al diálogo, no por la fuerza.

Hay ejemplos bien evidentes de algunos de los países con más progreso y estabilidad –USA, Alemania, Suiza, Austria…- que utilizan los tres canales señalados para resolver los conflictos ideológicos, las confrontaciones económicas y sociales, y los problemas de la diversidad histórica y territoriales, de la manera más satisfactoria posible. Nadie, en Alemania, en los Estados Unidos de América, en Suiza, o en Austria creería nunca que la federación de entidades territoriales e históricas pueda conducir a una futura explosión. Más bien piensan que este sistema es un excelente instrumento de reconocimiento mutuo de diversidades, de concordia y de solidaridad.

Podríamos, por consiguiente, responder a la pegunta de la siguiente manera: el autogobierno de las comunidades territoriales puede significar más democracia, más participación de los ciudadanos, más responsabilidad del pueblo y, en consecuencia, una generación de comunidades más responsables, tanto en el ámbito local, como en el nacional y el mundial. Es decir: unas comunidades capaces de construir una sociedad de pueblos y no tan solo un gobierno para un pueblo solo.

Volvamos a Europa

(…)

Mirando al futuro

(…)

El problema no es tan complicado como algunos pretenden. No es tan difícil alcanzar un consenso de responsabilidad a diferentes niveles; esta responsabilidad generará decisiones comunes, que no serán nunca la concesión de un Estado-Nación, ya que, así lo esperamos, el antiguo concepto de Nación-Estado de Estado-Nación ya habrá pasado a la historia. Habrá, evidentemente, Naciones y Estados, pero no serán ya nunca más confundidos como conceptos sinónimos.

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